Partido Viva
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Fiscalía justifica los delitos de odio y discriminación de Vox

Una de las finalidades del partido VIVA!, incluidas en su Programa, es la ilegalización de partidos que bajo su punto de vista no pueden existir en democracia. Por ello, interpuso denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid, poniendo en conocimiento de la misma la comisión de delitos que promueven, fomentan e incitan directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra determinados colectivos, por parte del partido político Vox España. Así está establecido en el artículo 510 del Código Penal. Los colectivos más afectados serían los inmigrantes, el colectivo LGTBI y mujeres víctimas de violencia de genero, entre otros, y los actos se han cometido principalmente mediante la red social Twitter. Una de las Sentencias que se aportaron fue la de la ilegalización de Blood Honour España.

Según la Fiscalía Provincial de Madrid, que archivó las diligencias, el artículo 6 de la Constitución establece que los partidos políticos expresan el

pluralismo político y su creación y ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. También señala que la finalidad del partido político no sólo ha de estar claramente establecida sino que además supone que la organización asociativa venga estructura para la consecución de los fines por ello previsto.

En el mismo escrito señala que se podrá estar o no de acuerdo, pero al que múltiples ciudadanos españoles han votado en las últimas elecciones por coincidir con dicho ideario político. Según esta teoría, si Franco estuviera actualmente vivo y le votasen múltiples ciudadanos, podría formar Gobierno. Además, señalan que los comentarios o mensajes publicados en su perfil de Twitter constituyen una manifestación de los expuestos en su programa electoral. Justifican su postura sobre la expulsión de los extranjeros ilegales, su oposición respecto a la enseñanza del islam en la escuela pública y el cierre de mezquitas fundamentalistas, el combate a la amenaza yihadista, la eliminación del acceso gratuito al sistema

sanitario de los ilegales, la instauración del PIN parental y la derogación de las leyes de género por considerarlas discriminatorias, están recogidas expresamente en su programa político.

Indican que la formación y existencia de una opinión pública libre, garantía que reviste una especial trascendencia ya que, al ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de

los pilares de una sociedad libre y democrática. Este carácter estructural determina un amplio margen para la libre expresión de ideas y opiniones, y también para la crítica «aún cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo

requieren el pluralismo, la tolerancia, y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática. También se debe respetar la

libertad de cualquier opinión «por equivocada o peligrosa que pueda parecer, incluso las que ataquen al propio sistema democrático».

La situación es preocupante ya que está en juego la paz social, la convivencia pacífica y la democracia. Parece que en este país todo vale.

Adjunto podéis leer el texto completo de la respuesta emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid:

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